El lío de los bonos de carbono ¿Avionada o negocio verde?

El lío de los bonos de carbono
¿Avionada o negocio verde?
Por: Pablo Correa
En cinco años la empresa CI Progress logró contratos con comunidades indígenas y afrocolombianas para desarrollar proyectos de captura de carbono en 38 millones de hectáreas. Su gerente dice que es legal. Los opositores, que actuaron de mala fe.


Hace apenas 10 años era difícil pensar que alguien, en algún lugar del mundo, estaría dispuesto a pagar a otra persona por no tumbar un bosque. Sacar provecho de un ecosistema boscoso, casi siempre significaba venderlo en forma de madera o reemplazarlo por un cultivo rentable.

Las cosas, sin embargo, comenzaron a dar un giro ante la amenaza del cambio climático. Capturar parte de las 30.600 millones de toneladas de CO2 que los humanos lanzamos a la atmósfera cada año, principal causa del calentamiento del planeta, se ha convertido en una necesidad imperiosa y también en un negocio prometedor. Tanto, que las empresas de tecnología están inmersas en una carrera por desarrollar máquinas capaces de capturar el carbono de la atmósfera y almacenarlo. Saben que eso sería una mina de oro. Sin embargo, las únicas “máquinas” eficientes para cumplir con esa tarea por ahora siguen siendo los árboles, que en su proceso de fotosíntesis atrapan carbono y liberan oxígeno. Los bosques ahora son vistos con otros ojos.

Fernando Agudelo, vicepresidente corporativo de la empresa CI Progress, cuenta que en 2006, en el posgrado de análisis financiero de la Universidad del Valle, Luis Ignacio Gil les propuso a sus alumnos explorar “nuevos mercados”. En la lluvia de ideas surgió la de participar en los nacientes mercados de carbono.

“No tenían conocimiento de nada. Pero en algún momento les dijeron que el cuento era evitar la tala de bosques. Entonces había que conseguir los poderes de los dueños de las tierras para hacer proyectos”, cuenta hoy Agudelo en su oficina, ubicada en una amplia casa blanca en el norte de Bogotá.

Gil se puso al frente del proyecto y pronto descubrió que los grandes dueños de los bosques en Colombia eran las comunidades indígenas y las comunidades afrocolombianas. Gracias a una política progresista, desde los años 80, unos 30 millones de hectáreas de bosques están en manos de las primeras y otros cinco millones son propiedad de las segundas. Además, por ley se declaró que eran tierras imprescriptibles, inembargables e intransferibles.

Buscar esos poderes resultó un asunto costoso. Era necesario traer y llevar indígenas y líderes de comunidades afro desde Guainía, Vichada, Putumayo, Chocó, Caquetá y Amazonas hasta Cali para que firmaran en una notaría los documentos. A la vuelta de cinco años, el objetivo parecía cumplido: tenían en sus manos poderes sobre 38 millones de hectáreas de bosques en el país. En otras palabras, quien quiera negociar en Colombia tendrá que entenderse con CI Progress. Al menos eso asegura Agudelo. Más de cinco millones de dólares se han invertido en esta y otras tareas, como asesorías legales, asesorías técnicas, promoción, talleres informativos e incluso en la expansión del negocio a Panamá, Ecuador y Perú, sin perder de vista a Guatemala y Costa Rica. La mayoría son inversionistas locales, pero también han llegado de otros países.

El proyecto, que comenzó de una forma un tanto desorganizada, en 2008 obligó a Gil y a sus socios a constituir una empresa formalmente. Crearon CI Progress, que desde entonces se presenta como una compañía “que se especializa en la generación de créditos de compensación de carbono para el mercado voluntario”. La semana pasada, uno de los estands más grandes en el foro latinoamericano sobre bonos de carbono en Costa Rica era el de CI Progress.

La apuesta de la empresa es que maduren los mercados voluntarios de carbono. En el mundo existen dos esquemas para negociar carbono: el mercado regulado, que es controlado bajo el Protocolo de Kyoto, y los mercados voluntarios. Como parte de estos últimos ha surgido el mecanismo REDD (Reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques), en el que se paga una suma de dinero a aquellos proyectos que demuestren que están frenando la deforestación.

Hernando Castro, vocero del Comité Regional Indígena de Araracuara, reconoce que firmaron unos “acuerdos” con CI Progress “para obtener beneficios de los bienes y servicios de los bosques”. “Nosotros decimos qué se va hacer en nuestro territorio. Es un acuerdo de voluntades. Todos estamos de acuerdo en que se haga. En esta tierra tan lejana donde el gobierno no invierte nada, esto es una oportunidad para nosotros”, responde.

Aparecen los problemas

Pero no todos piensan como él. En los últimos años al Ministerio de Medio Ambiente han llegado un buen número de quejas. Las suficientes para que el pasado 24 de mayo de 2011 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, así como el Ministerio del Interior y Justicia, emitieran conjuntamente un comunicado a la opinión pública para alertar por la presencia de organizaciones “que dicen comprar oxígeno u ofrecer incentivos financieros por la captura de CO2 bajo mecanismos inexistentes, a dueños de predios con bosques, rastrojos o praderas”.

Adriana Lagos, asesora del Ministerio, apuntó que “en Colombia hay una gran gama de cosas irregulares en esta materia”. Se refiere a los que descaradamente han ido predio por predio prometiendo comprar “oxígeno”, lo cual es una verdadera estafa, hasta empresas que detrás de un lenguaje más sofisticado están aprovechando el desconocimiento de muchas comunidades frente al tema.

Funcionarios del Ministerio han tenido que viajar a explicar a las comunidades qué es y qué no es posible dentro de estos nacientes mercados de carbono. Y por supuesto, recordar a todo el mundo que sin una consulta previa, ninguna decisión ni contrato que afecte a las comunidades es válido.

¿Legal o ilegal?

Christian Dannecker, representante en Colombia de South Pole Carbon, una consultora internacional en estos temas y quien hace tres meses fue contactado por CI Progress para que revisara sus procedimientos, cree que “sí tienen la capacidad técnica y financiera para implementar los proyectos prometidos. Yo conocí el equipo en Cali, un grupo de mas que 15 personas con biólogos, sociólogos, geomáticos”. Y añade: “si creyéramos que son tramposos no les hubiéramos ofrecidos nuestros servicios”.

Para el Ministerio del Medio Ambiente, sin embargo, resulta inapropiado que toda la documentación radicada sea inexacta y confusa, no tengan ni un solo proyecto real en marcha y se esté actuando sin haber realizado una consulta previa con las comunidades.

Roberto León Gómez, subdirector de desarrollo rural de la Fundación Natura y coordinador de un proyecto para crear el primer mercado de bonos de carbono en Colombia, que cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, explica que “los intermediarios en la elaboración de proyectos para generación de bonos de carbono en las comunidades no son necesarios”.

“Por lo general, a las empresas que brindan asesoría técnica no les interesa quedarse con los bosque de nadie. Ellas simplemente descuentan una parte de pagos que se generen en el futuro”. En los contratos firmados por CI Progress, el 50% del dinero que se genere queda en manos de la empresa y el otro 50% se destina para proyectos de las comunidades.

Fernando Agudelo, vicepresidente de CI Progress, dice que están dispuestos a que se revisen todas las actuaciones de la empresa. Culpan al gobierno de no haber sido claro en la reglamentación de los proyectos REDD en Colombia. Cuenta que los poderes que firmaron con las comunidades inicialmente fueron reemplazados por “contratos de mandato”, que les ofrecen más seguridad jurídica mientras se concretan las consultas previas.

Lo cierto por ahora es que se avecina una larga pelea jurídica, porque como están las cosas, en Colombia no se podrá mover una hoja de los bosques sin consulta previa con los indígenas y las comunidades afro, pero tampoco sin aclarar los negocios de CI Progress.